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Los efectos de la pandemia del Coronavirus COVID-19 se han hecho sentir con bastante notoriedad en todo el territorio nacional: Muchos establecimientos se encuentran, todos los que pueden trabajan desde casa y los demás continúan asistiendo a sus lugares de trabajos para luego volver lo más rápido posible.

En estos momentos, donde estamos viviendo la salud y la economía de todos como un colectivo, es el instante donde se puede observar la postura de los sindicatos, ya que en tiempos como estos su figura se vuelve más importante, puesto que tú como trabajador necesitarás todo el apoyo y la asesoría que puedas conseguir para poder lograr sortear las posibles amenazas que se avecinan, tales como despidos en masas debido a las posibles pérdidas causadas por la pandemia o la súper flexibilización de las jornadas con el Home Office, entre otras.

Es por ello que, en el plano internacional, organismos como la CSA (Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas), han enunciado una serie de acciones y posturas a tomar por parte de los sindicatos:

  1. Reforzar y activar todos los mecanismos e instrumentos de diálogo para garantizar que la definición y el establecimiento de medidas en el marco de la pandemia, sean tomadas con la participación de los sindicatos y organizaciones sociales con el objetivo de proteger los derechos básicos, de vida, trabajo y salud de la clase trabajadora en su diversidad.
  2. La Negociación Colectiva es la principal herramienta para garantizar el diálogo, por lo que es fundamental garantizar la ultra actividad de la negociación colectiva por 180 días o hasta que la crisis sea superada.
  3. Garantía de estabilidad de empleo y de salario para trabajadores, a través de políticas públicas existentes o con la creación de nuevos mecanismos que garanticen el empleo y la renta de trabajadores, ya sea en condiciones de formalidad o de informalidad (mecanismo de transferencia de renta directa).
  4. Adoptar, restablecer o ampliar regímenes integrales de seguridad social y otros mecanismos de protección social, teniendo en cuenta las legislaciones nacionales y acuerdos internacionales, a fin de garantizar el derecho a todos los trabajadores independientemente de sus condiciones de formalidad o informalidad laboral.
  5. Prohibición de la suspensión o terminación de contratos de prestación de servicios temporales durante el tiempo que dure la emergencia, para todas las entidades públicas nacionales o territoriales, centralizadas o descentralizadas de servicios, así como del ámbito privado en todas sus modalidades, bajo el argumento de quiebra, baja productividad, pérdida de ganancias, entre otros.
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  1. En aras de garantizar la estabilidad del empleo y salario, se ha implementado el teletrabajo como respuesta a la parálisis económica; sin embargo, en la mayoría de nuestros países no tienen o está insuficientemente regulada; es importante destacar que es fundamental que esta modalidad no precarice y flexibilice las relaciones laborales existentes, por el contrario, debe tener como premisa la garantía del empleo en concordancia con los estándares de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
  2. Proteger a todos los trabajadores, que por integrar grupos de riesgo han accedido a una licencia médica en el marco de la emergencia; así como a todos aquellos trabajadores que se encontraban con licencia (médica, de maternidad, de vacaciones, etc.) previos a la crisis.
  3. Proveer con todos los insumos necesarios a los trabajadores de la salud y a la totalidad de trabajadoras y trabajadores públicos y privados que están al servicio de nuestros pueblos enfrentando a esta crisis en la primera línea.
  4. Garantizar el acceso de la clase trabajadora y de la sociedad en general a la información sobre la gravedad de la pandemia a través de los medios, sin ningún tipo de censura o intervención, asegurando que estos cumplan con su papel de informar para que ello contribuya a la prevención y la garantía de la salud de los trabajadores y la población en general.
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Así mismo, se han tomado en cuenta que las posibles repercusiones que se tendrán no sean absorbidas en su totalidad por la clase trabajadora, perdedora habitual de todas las crisis de las que hemos sido parte. En este sentido, se han trazado las siguientes líneas:

  1. Los Estados deben responder garantizando los derechos de la población en general y exigiendo el pago por parte de quienes se han beneficiado históricamente: grandes empresas y capital transnacional.<7li>
  2. Las instituciones financieras internacionales deben estar al servicio de las necesidades financieras de los pueblos. La ayuda que otorgan estas instituciones no puede significar un nuevo ciclo de endeudamiento de los países ocasionando restricciones presentes y futuras ni condicionándolos a planes de ajuste estructural.
  3. El Estado es responsable por garantizar el acceso a la salud para toda la población afectada y en riesgo. Es urgente incrementar la inversión en salud, tanto en adaptación de infraestructura, compra de insumos de salud e higiene como en el pago de salarios y garantía de condiciones de trabajo dignas para los y las trabajadores/as vinculadas al sector. La reducción del gasto y la privatización del sector deben revertirse como primer paso para enfrentar la pandemia.
  4. Es necesario definir medidas de ampliación del gasto público para responder a esta coyuntura que incluyan: subsidios al desempleo; reducciones al pago por alquiler, impuestos o servicios; transferencias monetarias básicas para trabajadoras/es en condiciones de informalidad o precarización, del campo y de la ciudad; subsidios a la pequeña agricultura y a la agricultura familiar; apoyos a las Pymes y micro Pymes que garanticen la nómina de sus trabajadoras/es; pago a cuidadoras/es para trabajadoras/es que están en primera línea de atención, entre otras.
  5. Las medidas de atención a la emergencia sanitaria, social y económica exigen la suspensión y/o eliminación de las restricciones a la inversión y gasto social, así como a las reformas fiscales que han sido propuestas y/o impuestas en algunos países.
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  1. Suspender el pago del servicio de la deuda pública en el contexto actual y, cuando sea necesario, pedir su renegociación por parte de los gobiernos, en condiciones que permitan la autonomía en la definición de políticas públicas hacia el futuro. Por otro lado, en relación con la deuda privada de Pymes, independientes y trabajadoras/es, ofrecer alternativas de renegociación o suspensión de pago de cuotas, diseñar nuevas líneas de crédito, en condiciones de bajo interés y plazos favorables, para los y las más afectadas por la crisis.
  2. Suspender o revertir las reformas tributarias que han exonerado a las grandes empresas e incrementado los impuestos para la población en general. Es preciso orientar a impuestos directos y progresivos, cobrar impuestos a las grandes fortunas, ganancias y fondos ilícitos, cobrar impuestos a evasores, así como a las empresas transnacionales; de esta manera, se puede financiar la necesaria ampliación del gasto fiscal. La población trabajadora no puede continuar asumiendo el costo del gasto público con impuestos indirectos y regresivos o con rebajas salariales para contribuir a fondos para combatir la pandemia.
  3. Es urgente y necesario regular precios y garantizar el abastecimiento y acceso para la totalidad de la población de los productos de la canasta básica. Así mismo, apoyar a pequeños y medianos comerciantes en la venta de producción nacional y la implementación de políticas de compras públicas, lo que contribuye a generar un efecto positivo en la economía en el mediano plazo.
  4. En relación con las empresas transnacionales, renegociar y regular tarifas y regalías, por ejemplo, de telefonía, comunicaciones y energía.

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